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Santander 21 de julio de 2017 | verano

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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 26 de enero de 2017 :::

 Introducirá claúsulas sociales en los mecanismos de contratación

Cantabria tendrá este año un plan contra el despilfarro alimentario

El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha este año un plan contra el despilfarro alimentario y elaborará una guía para la introducción de cláusulas sociales en los procesos de contratación en la Administración.

Estas serán dos de las medidas previstas en el Plan de Emergencia Social aprobado hace un año por la comunidad autónoma que aún no se habían materializado y en las que se va a comenzar ahora a trabajar y que serán objetivos "primordiales" de esta Comisión a lo largo de los próximos meses.

De hecho, ambas han sido uno de los temas a abordar en la Comisión de Emergencia Social de Cantabria celebrada en el Ejecutivo regional, según ha anunciado antes de dicho encuentro la vicepresidenta autonómica y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos.

Se trata de una cita en la que han participado representantes de la Consejería de Díaz Tezanos, así como
de la de Presidencia y Justicia; de la de Economía, Hacienda y
Empleo, de la de Obras Públicas y Vivienda; de la de Sanidad;
de la de Medio Rural, Pesca y Alimentación, y de la de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.

En la reunión de hoy se ha realizado una evaluación del Plan de Emergencia Social y de la implantación de las medidas que contemplaba. Así, según Díaz Tezanos, de las 104 previstas se han ejecutado 52 y otras 27 están en marcha.

Díaz Tezanos ha explicado que hay otras medidas que quedan pendientes de desarrollar, algunas porque se derivan de medidas que actualmente están en desarrollo.
Ha reivindicado que para el Gobierno de Cantabria la atención a las personas que pasan por una situación de emergencia social es “prioritaria” y ha puesto en valor los avances que se han logrado durante el año pasado en el marco de ejecución del Plan de Emergencia Social 2016-2017.

Entre las que medidas que ya son realidad, la vicepresidenta se ha referido a la mayor dotación de la Renta Social Básica y la simplificación de todo el procedimiento para acceder a esta ayuda, el aumento de las becas de comedor, a la puesta en marcha del ’ticket social’; la puesta en marcha de un punto único de atención a las personas que solicitan cualquier prestación en el ICASS; medidas dirigidas a los desempleados de larga duración con más de 45 años.

También ha citado el Fondo de Emergencia Habitacional y las ayudas al alquiler social e hipotecas. En este sentido, Díaz Tezanos ha explicado que de las actuaciones que se preveían en el plan de emergencia habitacional "prácticamente se han ejecutado todas".

PLAN CONTRA EL DESPILFARRO

Sobre el Plan contra el Despilfarro, en la reunión de este miércoles se ha analizado un borrador elaborado por un grupo de investigación de la Universidad de Cantabria y el siguiente paso será que el grupo técnico del Gobierno diseñe el Plan y establezca algunas de las medidas que se van a poder llevar a cabo para evitar el despilfarro alimentario que, según ha dicho, existe.

La vicepresidenta ha tildado de “inaceptable” que en la UE se despilfarren 100 millones de toneladas de alimentos, que servirían para dar de comer dos veces a toda la población que tiene escasez de alimentos, según un estudio.

En el caso de la comunidad autónoma, más del 20% de la población se encuentra al borde la de la pobreza o la exclusión social, según ha señalado Díaz Tezanos.

Con este Plan, según ha explicado Díaz Tezanos, el Gobierno quiere evitar pérdidas de excedentes alimentarios, promover la responsabilidad social de las empresas en Cantabria y desarrollar toda una serie de medidas dirigidas a la prevención.

CLÁUSULAS SOCIALES PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

En relación con la otra medida anunciada hoy, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno regional va a dar un paso más en la integración de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública con el objetivo de garantizar su introducción efectiva en el procedimiento de contratación de la Administración Pública.

Para ello, se va a hacer una guía entre todas las consejerías del Gobierno que será posteriormente aprobada por el Consejo de Gobierno.

La vicepresidenta ha asegurado que al Ejecutivo le parece “fundamental” la integración de estas cláusulas, entre las que se encontrará el fomento de la inclusión laboral de personas con mayor riesgo de exclusión social o con discapacidad, la igualdad de género, y la compra y consumo socialmente responsable.


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