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Santander 21 de noviembre de 2017 | otoño

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 Cantabria por lo Público

Bono Social Eléctrico: otra oportunidad perdida para garantizar un servicio social básico

Desde hace unos días España tiene un nuevo bono social de la luz, pero ¿es realmente lo que se necesitaba? Existen ciertas mejoras dentro del bono social como la definición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. También es un claro avance que se tenga en cuenta la renta para poder acogerse a las reducciones del bono social en la factura de la luz.

La protección de los consumidores vulnerables está bien redactada. A los más severos no se les podrá cortar el suministro, pero ¿qué va a pasar con los consumidores que no perciban el bono social?

Pero sigue habiendo asuntos sin resolver, enormes lagunas en las que se van recursos necesarios para poder hacer frente a esta parte del problema de la pobreza energética. El nuevo bono social mantiene a las familias numerosas y a los pensionistas como grupos que podrán acogerse a la reducción del 25% de la factura sin otra explicación que esa. A estos colectivos no se les pide la renta y se les trata como consumidores vulnerables cuando no se dan en todos los casos. Habrá familias numerosas con recursos que se podrán beneficiar del descuento, o pensionistas que no necesitan esa ayuda y la perciban. Y habrá familias con dos o más menores a su cargo que no puedan obtener esas ayudas.

Además, el nuevo bono social pone un límite de consumo de electricidad a cualquier perfil de unidad familiar posible pero no hace lo mismo con la potencia contratada y es ahí donde se encuentran las mayores incongruencias y la gran desproporción de la nueva legislación sobre el bono social. Por ejemplo, una familia numerosa (que bien podría tratarse de un progenitor con dos menores) tiene un límite de 3.600 Kwh de consumo anual y una unidad familiar con dos menores tiene un límite muchísimo menor (un 80%) que la familia numerosa y solo por tener un hijo/a menos.

El nuevo Bono Social no pone límites prácticamente en cuanto se refiere a la potencia contratada, al subvencionar a todos los consumidores que estén por debajo de los 10 KW contratados. Al no hacerlo, al igual que sí se hace con el consumo, no se apuesta verdaderamente por la eficiencia energética, una de las claves a tener muy en cuenta, a juicio de la Plataforma Cantabria por lo Público.

Otra de los aspectos más discutibles es el sistema de financiación del Bono Social, si debiera recaer sobre las comercializadoras eléctricas, repercutiéndolo sobre los consumidores acogidos a tarifas libres o sobre todos los consumidores con tarifas libres o reguladas, o bien que esta partida debiera estar financiada exclusivamente vía Presupuestos Generales del Estado como es nuestro parecer.

Asimismo, el Bono Social ha hecho oídos sordos a las distintas organizaciones y partidos políticos que abogaban por extenderlo a otros términos energéticos, como el gas natural o el GLP de consumo doméstico. Cabe recordar al respecto, que el 60% del gasto energético en los hogares procede de la calefacción con gas, canalizado o envasado, y si no se aplican políticas sociales por este concepto las familias españolas vulnerables seguirán teniendo dificultades para poder calentar sus hogares en invierno. Hay escasas garantías de que el nuevo Bono Social llegue a la mayoría de usuarios que lo necesitan, el propio Gobierno ha asegurado que el bono social sólo lo percibirán la mitad de los que realmente se pueden beneficiar de ello.

No es de extrañar que si la gran mayoría de la sociedad no entiende cómo es la factura de la luz, ¿cómo se puede pretender que los consumidores con menos recursos se enteren de cómo acogerse al bono social ahora que resultará más complejo que nunca?. Una situación cuya gestión recae en parte en las Comunidades Autónomas y que se verá agravada en Cantabria con el precedente que existe por la nefasta gestión de las bonificaciones y exenciones del canon de saneamiento y la factura del agua que no funcionan.

Otro de los puntos de discrepancia de la Plataforma Cantabria por lo Público es el sistema de reparto del coste del bono entre todas las comercializadoras del mercado libre y regulado que se hace en función del número de contratos que manejan y no de la potencia contratada. Así nos encontramos con que comercializadoras dedicadas a pocos clientes industriales pero con enorme consumo puedan llegar a contribuir menos que una pequeña cooperativa como la cántabra Solabria. Entendemos que hubiera sido más justo hacer el reparto de costes en función de los kilovatios vendidos y no del número de contratos, una forma sibilina de abortar iniciativas sociales que abren camino hacia otra forma mucho más racional y sostenible en el consumo de energía.


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