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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 18 de octubre de 2017 :::

 En los próximos presupuestos

El Gobierno consignará cinco millones para atender la situación derivada de las sentencias de derribo

El Gobierno de Cantabria prevé consignar en los próximos Presupuestos Generales de Cantabria una partida que rondará los cinco millones de euros para atender a las diferentes cuestiones derivadas de las sentencias de derribo de viviendas ilegales.

Así lo ha anunciado hoy el director general de Urbanismo, Francisco González, tras la reunión que han mantenido esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos; el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, con los representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).

Según ha detallado González Buendía, esa cantidad se destinará a la segunda fase de regeneración del Alto del Cuco, que el próximo año podría estar concluida; a proveer indemnizaciones patrimoniales que puedan surgir, y a las primeras actuaciones a realizar, redacción de proyectos y licitación para la construcción de las 102 viviendas de sustitución incluidas en el Plan Parcial del Sector 01 Quejo-Bocarrero, en Arnuero, que se destinarán a realojar a los propietarios afectados por la sentencia de derribo de los apartamentos de La Arena.

El objetivo del Gobierno es que, durante el próximo año, se pueda licitar el proyecto de estas viviendas, cuyo plan parcial fue aprobado por la CROTU en julio y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento también ha dado ya el visto bueno al proyecto de urbanización.

El director general de Urbanismo ha recordado que el Gobierno, además, está trabajando con los ayuntamientos en la elaboración de los planeamientos urbanísticos, sobre todo, en los municipios donde existen viviendas afectadas por sentencias de derribo, ya que en algunos casos esos nuevos planeamientos están cambiando la clasificación de las viviendas, como es el caso de Miengo.

No obstante, Francisco González ha precisado que "en ningún caso" se puede considerar la vía para legalizar viviendas. "Que quede claro que los planeamientos urbanísticos se hacen para una visión conjunta del territorio, no son planeamientos a la carta, ni mucho menos", ha asegurado.

Sobre el pago de las indemnizaciones por daños morales a los propietarios de viviendas con sentencias de derribo, ha explicado que ya están "todos estos pagos prácticamente satisfechos, sin necesidad de que los afectados hayan tenido que ir a ningún litigio judicial", y los ha cifrado por encima de los dos millones de euros.

El director general de Urbanismo ha considerado "positiva" la reunión de hoy con representantes de AMA, ha asegurado que las cuestiones planteadas por la asociación son "legitimas" y ha avanzado que la próxima reunión se celebrará a comienzo del próximo año.

"Estamos de acuerdo en la fecha del próximo encuentro porque para entonces ya tendremos más claros los plazos de finalización de los planeamientos y de las viviendas de sustitución del Plan de Bocarrero en Arnuero", ha afirmado el director general, quien ha asegurado que el Gobierno va a seguir trabajando "codo con codo" con los ayuntamientos y los afectados "con el objetivo de poder solventar todas estas cuestiones el próximo año".


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