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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 28 de diciembre de 2017 :::

 Diego Fierro Rodríguez

Bankia y la doctrina Botín

La acción popular es un útil instrumento procesal que permite la intervención de los ciudadanos en los procesos penales conforme a lo establecido por el ordenamiento jurídico. El artículo 125 de la Constitución Española de 1978 establece que “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales” y la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en su artículo 101, que señala que “La acción penal es pública” y que “Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley”.

Ismael Moreno rechazó estimar el recurso de varios acusados por el Caso Bankia para que se produjera el sobreseimiento de la causa y la anulación de la apertura de juicio oral. La razón es que entiende que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental al no aplicar la doctrina Botín.

Hay que tener presente que la doctrina Botín se puede deducir del caso en el que Emilio Botín no fue condenado por la Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, que establece que se puede impedir, en un proceso que se está desarrollando por el procedimiento abreviado, a la acción popular solicitar la apertura del juicio por sí y contra lo solicitado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, basándose en una restrictiva interpretación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sin embargo, posteriormente, se dictó la Sentencia del Tribunal Supremo, que estableció la doctrina Atutxa al indicar que “Tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, es entendible que el criterio del Ministerio Fiscal pueda no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar el Ministerio Público” y que “En definitiva, satisfecho el interés público en la persecución del delito y expresada formalmente en el proceso la voluntad del perjudicado de no instar la apertura del juicio oral, el proceso penal se apartaría de sus principios fundamentadores si, pese a todo, sometiera a enjuiciamiento, a exclusiva petición de la acusación popular, a quien ni el Fiscal ni la víctima consideran merecedor de soportar la pretensión punitiva”.

Debe destacarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional 147/1985 señala que “la acción popular que consagra la Constitución (art. 125) y ya con anterioridad a ella, la L.E.Cr. (art. 101) es un derecho para el cual el ciudadano puede recabar la «tutela judicial efectiva» que, ahora ya como derecho fundamental, garantiza el art. 24.1 de la C.E.” y que “Como es obvio, esta reconducción del contenido del art. 125 de la Constitución el enunciado del art. 24 de la Ley Fundamental, mediante la que se intenta busca para aquél la protección del amparo constitucional, que sólo para los derechos consagrados en los arts. 14 a 30 ha sido instituida, descansa a su vez en una identificación entre el derecho procesal en el que la acción pública o popular consiste con los derechos o intereses legítimos de carácter sustantivo para los que, en el entendimiento común, se garantiza la tutela judicial efectiva”. Puede observarse fácilmente como la acción popular se encuentra vinculada con el derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que puede perjudicarse gravemente un relevante derecho fundamental si se plantea su supresión.

La acción popular puede servir para lograr distintas perspectivas en un proceso penal. De este modo, puede conseguirse un trabajo más efectivo, mejorándose los resultados obtenidos con los diferentes trámites procesales.

La acción popular es un medio esencial para lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho con una auténtica democracia. Impedir su ejercicio por la Doctrina Botín implica restringir el acceso a los procesos penales de los ciudadanos en casos importantes para los intereses generales y una disminución de la incidencia bien aprovechada de la democracia en España.


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