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Santander 17 de enero de 2018 | invierno

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 Lo había liquidado Diego

Cantabria recupera el CES

El Gobierno de Cantabria ha cerrado un primer borrador de la futura ley que recuperará el Consejo Económico y Social de Cantabria (CESCAN) (que liquidó el Gobierno de Ignacio Diego -2011-2015-) como órgano consultivo en materia socioeconómica. Este primer documento se someterá ahora a un proceso de información pública para recoger las sugerencias de colectivos y de la ciudadanía en general.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha destacado, en rueda de prensa, la importancia de este órgano, que va en la línea de otras comunidades autónomas y del Libro Blanco de la Gobernanza Europea para garantizar la participación de la ciudadanía y de las entidades de relevancia económica y social.

Ha informado que este primer documento ya cuenta con las primeras aportaciones de 16 entidades, entre instituciones públicas, órganos representativos y diferentes colectivos sociales de Cantabria, que presentaron alegaciones en el periodo de consulta pública anterior.

A juicio del consejero, el texto plantea un nuevo CESCAN "más representativo", "austero" y "eficaz", con la idea de que sea un órgano de debate, participación y de planteamiento de iniciativas al Gobierno.

Este órgano consultivo fue suprimido por el Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura, mediante la derogación de la Ley 6/1992, de 26 de junio, y con su restablecimiento el Gobierno de Cantabria cumple con la resolución del Parlamento de octubre de 2016. Respecto a ello, el consejero ha lamentado que el Gobierno del PP optará por la derogación de la norma en vez de la suspensión como en otras autonomías, lo que obliga a tramitar una nueva norma.

Alegaciones

Con el objetivo de propiciar una política real de participación ciudadana, el Gobierno cántabro ha llevado a cabo un anteproyecto de Ley que tiene en cuenta la experiencia anterior y que ha asumido las aportaciones realizadas hasta el momento por diversos colectivos en el proceso de consulta pública.

En él, 16 organizaciones han expresado al Gobierno ya su interés de que el CESCAN sea más representativo, aumente el espectro social y económico de Cantabria y responda de acuerdo a sus funciones.

Concretamente, los colectivos que han realizado aportaciones hasta el momento son Federación de Municipios de Cantabria (FMC); CEOE; Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA); los sindicatos UGT, CCOO, USO, UGAM y de Enfermería; los colegios profesionales de Economistas, Trabajo Social, Agentes Comerciales, Mediadores de Seguros e Ingenieros Industriales, Unión de Estudiantes de Cantabria; Unión de Consumidores, y Cooperativas y Sociedad Limitadas de Cantabria (ACEL).

Novedades del borrador

El borrador presentado hoy se adapta a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y presenta un Consejo austero en el gasto, con una estructura dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia, según ha resaltado De la Sierra.

La norma cuenta con 3 títulos, 19 artículos, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y tres finales.

Entre sus principales novedades, De la Sierra ha señalado que el Consejo incrementa su número de representantes y pasa de 25 a 29, con el fin de dar participación a otros agentes representativos de varios sectores sociales, lo que ha sido demandado por varios colectivos en el proceso de consulta.

En el nuevo borrador, hay un presidente y cuatro grupos, cada uno con un vicepresidente, que hacen el total de 29 personas.

El primer grupo está formado por seis personas expertas en materias propias del Consejo, de las que al menos una representará a la Universidad de Cantabria. El segundo grupo también lo integrarán seis miembros de las organizaciones sindicales más representativas.

Otras seis personas del ámbito de las organizaciones empresariales más representativas formarán el tercero de los grupos. Una de ellas será representante de los trabajadores autónomos.

El cuarto grupo es la "novedad", con el que se pretende "recuperar el carácter de representación social en su conjunto", como ha señalado el consejero, tal y como han reclamado las organizaciones sociales en sus alegaciones al igual que el Parlamento.

Este último estará formado por diez miembros, representativos de la economía social (tales como asociaciones cooperativas, sociedades laborales o entidades asimilables); organizaciones de consumidores y usuarios; colegios profesionales, y organizaciones representativas de intereses públicos (ya sean culturales, sociales, deportivos, derechos ciudadanos o cualquier otra de interés común). Del mismo modo, representará a las organizaciones del sector de la discapacidad; representantes de la administración local de Cantabria; entidades del sector primario, y sindicatos de al menos una representatividad del 5 por ciento, pero que no alcancen la de los anteriores.

En cuanto a su funcionamiento, al estar integrado en la estructura del Gobierno (dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia), sus gastos fijos dependerán de los presupuestos de éste, y, a diferencia del anterior, sin presupuesto propio.

Según prevé el borrador de la ley, los integrantes de este cuarto grupo serán designados por el Parlamento de Cantabria.

Estructura y funciones

El nuevo CESCAN tampoco contempla una estructura de personal más allá de un secretario, que será un funcionario del Gobierno, al que se le adscribirán funciones específicas. Por lo tanto, la labor administrativa la desempeñará el secretario y funcionarios de la Consejería, de la que también dependerán los gastos de material.

"Aunque sea un órgano austero tiene que tener una organización administrativa y unos gastos de funcionamiento", que determinarán las correspondientes leyes de presupuestos generales de Cantabria, ha precisado el consejero de Presidencia.

En cuanto a las dietas, se recogen las de asistencia a reuniones, sólo para el presidente del CESCAN, y para el resto de miembros se prevén las de locomoción o transporte.

El titular de Presidencia ha estimado un coste anual de unos 80.000 euros para el mantenimiento de este órgano, unas cifras "muchísimo más reducidas" que las planteadas anteriormente con el anterior órgano que contaba con unos 400.000 ó 600.000 euros de presupuesto.

Las funciones del CESCAN se incrementan y podrá presentar alegaciones a los presupuestos regionales y elaborará un estudio sobre la situación socioeconómica en el primer tercio de legislatura.

De la Sierra ha informado que la labor de sus miembros sobrepasará el período de una legislatura, con un nombramiento a cinco años "para que no esté condicionado por el gobierno de turno", ha estimado.

Además, se prevé un régimen de incompatibilidades estricto para evitar la presencia política, garantizando que ningún alto cargo de cualquier administración o diputados de cualquier cámara puedan estar en el Consejo. Únicamente, será excepción el representante de la administración local, que podrá ser alcalde o concejal.

El consejero de Presidencia ha avanzado que el borrador será hoy mismo trasladado a todos los agentes implicados y se publicará en el Portal de Participación Ciudadana para la apertura del oportuno período de alegaciones. Ha estimado que, una vez cerrada la tramitación administrativa, el proyecto de Ley pueda ser presentado en el primer semestre del año ante el Parlamento.

El objetivo del Gobierno, ha afirmado De la Sierra, es obtener un amplio apoyo parlamentario, por lo que ha asegurado que en el nuevo periodo de información pública se estudiarán todas las alegaciones que se presenten para la elaboración del texto normativo definitivo.


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