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Santander 12 de noviembre de 2018 | otoño

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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 de noviembre de 2018 :::

 Por Lara de Tucci

Sin paz social

Con la “sociedad” montada entre el PSOE y Podemos, eso es lo que vamos a vivir a tenor de los Presupuestos que se han propuesto ambos partidos para 2019: nada de estabilidad social. Pues por mucho que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero eche las campanas al vuelo, no están muy convencidos los analistas de que los cuerdos económicos alcanzados por ambos partidos nos puedan deparar tiempos felices; días en los que los sobresaltos no nos dejen respirar con tranquilidad por atisbar en el horizonte aquel desengaño y frustración suprema que sufrimos en España con el liderazgo de Zapatero y los continuos errores de su ministro Pedro Solbes.

Pues los dos partidos políticos han pactado elevar los gastos públicos para 2019 en una cantidad que podría alcanzar los 6.000 millones de euros. Y el mismo Gobierno ha reconocido ante la Comisión Europea que ni este año ni el próximo podrá cumplir con los recortes de déficit que había pactado el Ejecutivo de Rajoy. Recortes que Bruselas ya había estimado como adecuados para ir consolidando la reducción al régimen estructural de la UE. Al considerar que España, mire usted por donde, es ahora mismo el único país de la Eurozona que aún tiene un déficit superior al 3% el PIB.

Lo cual se estima, y con mucha razón, que es un déficit excesivo y poco convincente para experimentos de progresos sociales. Incluso en el caso de las pensiones, ya se ha anunciado que, en principio, perderán cierto poder adquisitivo. Lo extraordinariamente llamativo es que los partidos de izquierdas pretenden, con impuestos añadidos, hacer frente a esa astronómica cantidad que se proponen gastar. Y desde los partidos de la oposición, como desde la Patronal se pronuncian, con total seguridad de sus experiencias analíticas, diciendo que ese mínimo del 15% de impuestos sociales o el 18% que pagarán la banca y las petroleras serán contraproducentes.

Por otra parte, limitar la exención a los dividendos y plusvalías que generen sus filiales fuera de España, son castigos considerables para las grandes empresas; las que sostienen más puestos de trabajo; las que aumentan la productividad, y las que, con importantes inversiones provocan que el consumo sea un motor indispensable para la economía nacional.

Pero los deslices económicos del PSOE y de su socio Podemos han creado, por otra parte, desconfianzas añadidas al aumentar cuatro puntos porcentuales, del 23% al 27% los impuestos estatales sobre las rentas del capital de plusvalías superiores 140.000 euros, y que se elevará un 1% el impuesto del Patrimonio a las fortunas de más de diez millones. Iniciativas, todas ellas, que se podrán considerar como favorecedoras de políticas sociales si no fuera, como he apuntado antes, que las mismas infunden serias desconfianzas en empresas y patrimonios volcados, en una gran mayoría, en aumentar sus dividendos, sí; pero que lo hacen para invertirlos y, así, que la economía no se estanque.

Arreglados íbamos a estar si estas políticas de izquierdas siguen los cursos imparables de progresismo, como las califican. Políticas que quienes las lanzan no se paran a discernir, para luego debatirlas y consensuarlas si es que creen que son verdaderamente progresistas. Porque, de lo contrario, ocasionan cortapisas y frenan dinámicas de actuación que en nada tienen que ver con los errores de Gobiernos carentes de responsabilidades para liderar fórmulas que ni ellos mismos comprenden.

Eso le pasó a Rodríguez Zapatero con el plan “E” que se inventó por no tener las ideas claras para enmendar aquella descomunal crisis que empezó en los años 2007 y 2008; crisis que no tuvo peores consecuencias gracias a que el Gobierno de Aznar dejó España con muy buena solvencia económica. La que le permitió a Zapatero tener algo de credibilidad en los primeros años en La Moncloa. Pero que terminó por descomponérsela a sí mismo; aumentando una crisis, dicen que internacional; pero que, en nuestro país llevó al paro a más de cinco millones de trabajadores. Y que gracias a las acertadas actuaciones del Gobierno de Rajoy, su sucesor en el cargo, se pudo frenar la sangría que inundaba las oficinas del INEM; comenzando unos años de crecimiento económico que, luego, no se le han tenido en cuenta.


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