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 Declara el inspector jefe de la Policía Judicial

La ’firma de autor’ del pederasta de Ciudad Lineal permitió acorralarle

El inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF), dependiente de la Brigada de Policía Judicial, ha asegurado este jueves que la denominada "firma de autor" que el presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, dejaba en todas sus agresiones sexuales permitió identificarle con el tiempo, reconociendo que la investigación era complicada al no dejar huellas y al no haber existido en Madrid "un caso semejante".

Los agentes llamaron a la investigación ’Operación Candy’, ya que una de las menores, cuando se la halló, llevaba unas golosinas en la mano. Hubo diversas vías de investigación. Pero las pesquisas avanzaban a medida que había más víctimas y éstas daban datos.

El testimonio de la última fue clave. Aportó datos que cerraban mucho el círculo. Era fuerte y se limpiaba el sudor con una toalla con un logo de un gimnasio. Y su ’firma de autor’ se repetía. Decía a las niñas que iba a gastarles una broma. A otras, que les iba a dar ropa. También coincidía que les daba tranquilizantes.

"Era cuestión de quitar la paja hasta que se quedaba al final la aguja", ha explicado el responsable del dispositivo. Así lo ha manifestado en la tercera sesión que se celebra contra Antonio Ortiz. Se enfrenta a una pena de entre 26 y 126 años de cárcel.

El jefe policial ha relatado que la investigación arranca con un hecho que se produce en septiembre de 2013 en la calle Río Conejos, relativo a la testigo protegido número 2. Se asignó al grupo 22. Las pesquisas llegaron a punto muerto, ya que no había más caminos de investigación.

"La niña hablaba de un hombre malo y que le dijo que tenía unas bolsas para ella. Había una vía de investigación que era recuperar las imágenes de la gasolinera donde fue abandonada. Pero no se le vio. Estaba asustada. Testigos dijeron que estuvo a punto de ser atropellada", ha relatado.

Tras ello, ha expuesto que en abril se produjo otro hecho, en el entorno de la calle Citamon. Las menores presentes contaban que el hombre les había dicho que conocía a su madre y que le tenía que dar una ropa. Una de las niñas, de 9 años, se fue con él. La menor apareció desorientada en la estación de Metro de Canillas. Según el inspector, esta menor acabó en el Hospital de la Paz.

"Dijo que tenía un lunar y daba una descripción de la ropa. Daba la firma del autor, que son detalles que repite en el tiempo. Se parte de la hipótesis de que era el mismo. No habíamos tenido en Madrid un hecho semejante en cuanto a sustracción de menores", ha señalado.

NÚMERO DE LA MATRÍCULA

Además, ha explicado que esta menor manifestó que recordaba el número 0049 de una matrícula y describió partes de la vivienda. Hablaba de una especie de portería semicircular que había en la vivienda en alusión al piso de Santa Virgilia. No recordaba bien porque le había dado unas pastillas.

También ha especificado la vía de investigación de cruce de datos telefónicos, un camino que daba mucho trabajo. Además, se puso en marcha un dispositivo por la zona de Ciudad Lineal tras relacionar todos los hechos.

Se fueron buscando personas con antecedentes, ya que su frialdad indicaba que podía ser reincidente. Y se rebuscó entre todos los atestados de la Comunidad de Madrid y se encontró uno sobre el caso de una menor en Coslada con la misma firma del autor.

"La menor habló que la intentó duchar. Y a TP3 también la duchó. La descripción tampoco era incompatible y se tuvo en cuenta este hecho", ha expuesto. Tras ello, ha proseguido contando los hechos relativos a la testigo protegido número 4, una menor de origen chino de 6 años.

Ortiz le habría llevado a un piso con "puertas blancas". "Esta niña se negaba a hablar. Pudimos saber que tenía el pelo mojado. Se la llevó al hospital. Se negó a hablar con nadie que fuera una mujer", ha detallado.

En un momento de la declaración, algo que hasta ahora se desconocía, el jefe de la investigación ha reconocido que esa noche se pasó el mismo por la casa de la calle Santa Virgilia porque era una de las viviendas sospechosa y ha manifestado que se encontró al conserje durmiendo.

Por ello, intuye que el jefe de la investigación estuvo el mismo día en las inmediaciones de la vivienda día que se produjo la agresión más grave.

INVESTIGACIÓN ADELANTE

Las vías fueron avanzando. La ciudadanía provocó mucho volumen de trabajo. Los jefes de Grupo todavía siendo los responsables de la investigación, pero la causa alcanza un volumen importante.
Al tiempo, se produce el hecho de agosto de 2014.

Ortiz consigue presuntamente que una menor se introduzca en el coche, aprovechando un descuido de sus abuelos. Abusa de ella debajo de un puente.

En este caso, la menor describió que el hombre era fuerte y que sudaba mucho. Además, contó que se limpiaba con una toalla con el nombre de un gimnasio. Y hablaba de unas llaves con "un plastiquito" de color verde, lo que dio a abrir más vías.

En un control, se le identificó. Iba con una mochila con ropa de gimnasio. Entonces, ya tenían un candidato y empezaron a hacer gestiones. Se vio que su madre tenía una vivienda compatible y se vio que tenía acceso a unos vehículos que coincidían con los hechos investigados. Con todo ello, se pidió el posicionamiento de su teléfono para ver su recorrido.

PISO DE SANTA VIRGILIA

Sobre la vivienda, se determinó una vivienda concreta y se habló con el conserje. No se le podía preguntar mucho, ya que el caso creo mucha alarma. "Colaboró todo el mundo", ha recalcado. Todo iba siendo compatible.

Se comprobó que había estado siete años en prisión. Y la niña víctima del año 98 hablaba que el hombre le iba a gastar una broma, algo que solía decir a sus víctimas actuales. Ortiz salió de la cárcel en 2006 con un tercer grado.

Tras ello, se puso en marcha la operación. Ortiz se encontraba refugiado en Santander en casa de su tío. La Policía realizó una solicitud judicial para intervenir su teléfono. A los días, se le detuvo a manos de un grupo de los GEO.

PENAS DE PRISIÓN

El acusado afronta penas de entre 26 y 126 años de cárcel. La fiscal solicita una pena de 77 años y seis meses de prisión. Además, exige una indemnización de 75.000 euros para la testigo protegido 2 (TP2) por los daños morales, a la testigo protegido 3 (TP3), de 300 euros por los días que tardaron en curar sus lesiones y estuvo impedida para dedicarse a sus ocupaciones habituales y de 100.000 euros por los daños morales causados.

En el caso de la testigo protegida 4 (TP4), la Fiscalía solicita una indemnización de 900 euros por los días en que estuvo hospitalizada para curar sus heridas y de 150.000 euros por los daños morales. La testigo protegido 5 (TP5), deberá ser indemnizada, en su caso, en la cantidad de 100 euros por el día que tardó en curar sus lesiones y en 100.000 euros por los daños morales.


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