Elecciones legislativas en España: la campaña más violenta
España ya ha vivido campañas electorales particularmente tensas. Pero a medida que se acercan las elecciones legislativas del 29 de noviembre, el enfrentamiento entre los partidos está alcanzando una intensidad rara vez vista desde el regreso de la democracia. Entre acusaciones de fraude, tensiones internacionales y la crisis inmobiliaria, Pedro Sánchez y sus adversarios libran una batalla política despiadada.
La historia política española no está exenta de precedentes. En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones generales contra todo pronóstico, tres días después de los atentados islamistas del 11 de marzo en Madrid, que dejaron 193 muertos.
El gobierno conservador de José María Aznar inicialmente favoreció la pista de la organización separatista vasca ETA, mientras que algunos elementos orientaron gradualmente la investigación hacia el terrorismo yihadista. Su comunicación, considerada engañosa por una parte del público, había provocado una profunda crisis de confianza. En un país ya dividido por la participación española en la guerra de Irak, la victoria del socialista Zapatero había abierto un período de fuertes tensiones políticas.
De Zapatero a Sánchez, polarización creciente
La llegada de Zapatero al poder inauguró lo que la vida política española ha considerado un período de «gran tensión». Su legitimidad fue cuestionada por parte de la derecha, que consideró que las circunstancias excepcionales de los ataques habían distorsionado el resultado electoral. Veintidós años después, Pedro Sánchez se encuentra en el centro de una confrontación al menos igual de intensa, en un panorama político profundamente transformado.
Los dos líderes socialistas comparten el deseo de romper con ciertos legados históricos y políticos. Zapatero había iniciado en particular una política de memoria histórica destinada a reconocer a las víctimas del franquismo y eliminar ciertos símbolos de la dictadura. Sánchez fue más allá a nivel simbólico al exhumar, en 2019, los restos de Francisco Franco de su mausoleo en el Valle de los Caídos.
La cuestión vasca constituye otro punto de comparación. Zapatero había iniciado un proceso de diálogo con ETA, antes de que la organización pusiera fin definitivamente a su actividad armada bajo el gobierno conservador de Mariano Rajoy. Sánchez, por su parte, contó en varias ocasiones con el apoyo parlamentario de EH Bildu, grupo independentista vasco de tradición política controvertida por sus vínculos históricos con la izquierda abertzale, parte de la cual había apoyado a ETA.
Estas decisiones alimentaron fuertes críticas en las filas de la derecha. Pero la confrontación actual va más allá de las simples cuestiones de memoria o territorio.
Una campaña marcada por la desconfianza y las acusaciones
El contexto internacional contribuye a endurecer los intercambios. El fuerte retorno del trumpismo, la guerra en Oriente Medio, las tensiones migratorias y la progresión de grupos nacionalistas en Europa están alimentando una polarización que va mucho más allá de las fronteras españolas.
En este clima, la derecha radical española, Vox, ha hecho de la sospecha de fraude electoral uno de sus argumentos políticos, en particular cuestionando la fiabilidad del voto por correo. Cargos para los que no se ha aportado prueba de fraude organizado. Esta retórica recuerda a la utilizada en Estados Unidos por Donald Trump y sus partidarios.
Por su parte, Pedro Sánchez optó por situar la confrontación ideológica en el centro de su discurso. El Primer Ministro presenta periódicamente la progresión de la derecha nacionalista como una amenaza a los valores democráticos europeos, posicionándose entre los líderes que oponen la resistencia más enérgica a ellos. Una estrategia que le permite movilizar a su electorado progresista, pero que también contribuye a acentuar las divisiones entre los dos grandes bloques políticos.
En el escenario internacional, sus posiciones sobre el conflicto palestino-israelí ilustran esta línea. En particular, Sánchez utilizó el término genocidio para denunciar la ofensiva israelí en Gaza, provocando fuertes reacciones del gobierno israelí y sus partidarios, acusándolo de antisemitismo.
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Si esta posición encuentra un eco favorable entre una parte de la izquierda española, también es objeto de críticas por el alcance de determinadas formulaciones y el riesgo de fusiones en un debate ya de por sí especialmente sensible. Sin embargo, es importante distinguir las críticas a la política del gobierno israelí de los discursos antisemitas.
La crisis migratoria de Ceuta también ha adquirido una dimensión geopolítica. Tras la llegada masiva de inmigrantes el pasado mes de julio, las autoridades españolas hablaron de posibles operaciones de desinformación e injerencias extranjeras, particularmente vinculadas a redes cercanas a potencias hostiles a Madrid. Sin embargo, aún queda por establecer la responsabilidad exacta de los diferentes actores. La posible explotación política y digital de la crisis no constituye, en sí misma, una prueba de la organización de las llegadas de migrantes por parte de estos actores.
La vivienda, un nuevo campo de batalla electoral
Pero probablemente sea en el ámbito nacional donde la campaña se desarrolla con mayor intensidad. La crisis inmobiliaria se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. El aumento de los alquileres, las dificultades para acceder a la propiedad y los desalojos están alimentando la ira social que es particularmente visible en las grandes ciudades.
El caso de Maricarmen, esta mujer de 87 años amenazada con perder su vivienda en Madrid tras quintuplicarle el alquiler, cristalizó esta indignación. Pedro Sánchez retomó este caso para defender nuevas medidas de protección de los inquilinos y denunciar las prácticas especulativas de determinados grandes propietarios inmobiliarios. La disolución del Parlamento, decidida tras el rechazo de varias iniciativas gubernamentales, especialmente en el ámbito de la vivienda, colocó esta cuestión en el centro de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.
Para la oposición, el Gobierno busca transformar un drama individual en influencia electoral, mientras los socialistas están en el poder desde 2018 y las dificultades de acceso a la vivienda siguen empeorando. La crítica no carece de fundamento político: a pesar de las leyes adoptadas y las medidas anunciadas en los últimos años, la situación inmobiliaria sigue siendo extremadamente difícil para una gran parte de la población. Pero el ejecutivo defiende otra lectura. Según él, la crisis se debe a antiguos desequilibrios, a la falta de viviendas asequibles y a la resistencia política que ha frenado varias reformas.
Por tanto, la decisión de convocar elecciones puede interpretarse a la vez como un intento de romper un estancamiento parlamentario y como una apuesta estratégica destinada a recuperar la iniciativa política.
¿Podrá Pedro Sánchez todavía cambiar las cosas?
A menudo anunciado como políticamente debilitado, Pedro Sánchez ya ha demostrado su capacidad para desafiar las probabilidades y recuperarse de situaciones difíciles. Al hacer de la vivienda y la defensa de los valores progresistas los ejes principales de su campaña, el líder socialista busca removilizar a parte del electorado de izquierdas y enfrentar a sus adversarios con sus propias contradicciones. Las encuestas, realizadas tras el anuncio de la disolución, no se mueven ni un ápice y siguen augurando una clara victoria de la derecha con más de 200 diputados sobre 350.
Por lo tanto, la campaña promete ser particularmente disputada. Por un lado, una derecha que denuncia los resultados de ocho años de gobierno socialista. Por el otro, un Primer Ministro que pretende transformar el voto en una elección social entre dos modelos políticos. En España sigue vigente el dicho de que en política nunca se muere. Evidentemente Pedro Sánchez tiene la intención de volver a comprobarlo.
