Barcelona: alquilar tu apartamento a turistas te puede salir (muy) caro
En menos de diez años, Barcelona ha recuperado más de 6.600 alojamientos turísticos ilegales. Detrás de esta ofensiva, el ayuntamiento apunta tanto a redes profesionales como a particulares que subarrendan discretamente su apartamento. Una práctica cada vez más riesgosa en una ciudad en plena crisis inmobiliaria.
Barcelona acelera su guerra contra los alquileres turísticos ilegales. El municipio, dirigido por Jaume Collboni, quiere eliminar progresivamente todas las licencias turísticas de aquí a 2028 para devolver unas 10.000 viviendas al mercado clásico. Una política radical que se produce en un contexto de grave crisis inmobiliaria, mientras los alquileres siguen aumentando en la capital catalana.
Multas que pueden alcanzar los 600.000 euros
En Barcelona, alquilar un apartamento a turistas requiere una licencia HUT (“Habitatge d’Ús Turístic”). Sin embargo, desde hace varios años, la ciudad apenas concede nuevas autorizaciones en los distritos centrales.
Por ello, muchos propietarios eluden el sistema publicando anuncios ilegales en Airbnb, Booking o incluso a través de grupos de Facebook. Algunos cambian periódicamente los nombres de los anuncios o utilizan varias cuentas para escapar de los controles.
Sin embargo, los riesgos son altos. Las sanciones pueden ascender a 30.000 euros por infracción leve, 60.000 euros por infracción grave y llegar a 600.000 euros en los casos más graves. En 2024, un propietario de 14 apartamentos turísticos ilegales en el distrito de Ciutat Vella recibió una multa de casi 500.000 euros.
Más allá de las sanciones administrativas, los propietarios también están expuestos a ajustes fiscales y procedimientos legales. El ayuntamiento explica que el sector se ha profesionalizado mucho en los últimos años, con redes capaces de gestionar varias decenas de apartamentos a través de empresas fantasma.
Los estudiantes también preocupados
Pero los propietarios no son los únicos en el visor. En Barcelona, cada vez son más los estudiantes o jóvenes trabajadores que subarrendan su habitación o piso durante unos días o meses para poder pagar el alquiler o rentabilizar una vivienda vacía durante el verano.
Sin embargo, en España, el subarrendamiento generalmente requiere el consentimiento por escrito del arrendador. Muchos inquilinos, sin embargo, ignoran esto y, a veces, alquilan el apartamento completo en Airbnb a un precio superior al de su propio alquiler.
Una práctica que no es trivial. En caso de inspección, el propietario puede rescindir el contrato de arrendamiento, reclamar daños y perjuicios o iniciar un proceso de desalojo. Si el subarrendamiento se considera una actividad turística ilegal, el inquilino también puede recibir una multa.
Una cacería que no data de ayer
Desde 2017, el ayuntamiento afirma haber recuperado 6.644 apartamentos anteriormente utilizados ilegalmente como alojamiento turístico. En ese momento, la ciudad estimó que había alrededor de 6.000 apartamentos ilegales. Hoy quedan alrededor de 600.
Para conseguir este resultado, Barcelona despliega importantes recursos: cada año se invierten cerca de 2,5 millones de euros en la lucha contra estas prácticas. Inspectores especializados, seguimiento de plataformas como Airbnb o Booking, verificación automática de licencias, denuncias de vecinos y cruces con datos fiscales… La ciudad se ha convertido en una de las más ofensivas de Europa en este tema.
