Nuevas ayudas para la vivienda en Cataluña

Se trata de una nueva consecuencia del desalojo de alquiler de MariCarmen, jubilada de 87 años. Ante este fenómeno social extremadamente violento, toda la sociedad está consternada y las autoridades públicas intentan recuperar el control tomando medidas contundentes.

Por un lado, el Gobierno español publicará el viernes un decreto destinado a prorrogar dos años determinados contratos de arrendamiento. El texto también prevé protección contra los desahucios hasta 2030, regulación de alquileres y habitaciones temporales y restricciones a las compras por parte de fondos de inversión.

Por su parte, el Govern catalán tendrá una batería de medidas votadas en el parlamento regional. Compra un apartamento sin tener que financiar todo el coste tú solo. Esta es una de las nuevas vías anunciadas por la Generalitat para intentar desbloquear el acceso a la vivienda en Cataluña. El gobierno catalán quiere convertirse en copropietario de determinadas viviendas junto con los particulares, pagando el 50%, o incluso el 60% del precio. El ejecutivo catalán también anuncia un fondo de 25 millones de euros para evitar determinados desahucios y amplía sus préstamos a interés cero destinados a compradores jóvenes.

El sistema está dirigido principalmente a personas que tienen ingresos regulares pero que tienen dificultades para obtener un préstamo hipotecario suficientemente importante de un banco. Para las personas de 40 a 55 años, la Generalitat podría adquirir el 50% de la vivienda. El individuo compraría la otra mitad y tendría derecho a vivir allí durante 50 años. A partir de los 56 años, la proporción cubierta por la administración podría aumentar hasta el 60%. El derecho de uso de la vivienda se fijaría entonces en 40 años. La Generalitat prevé dedicar inicialmente 100 millones de euros a este nuevo sistema. Es decir, no se trata de una subvención que represente la mitad del precio de la vivienda. La propia Generalitat pasa a ser propietaria de parte del inmueble.

No obstante, el individuo conservará varios derechos importantes. En particular, podrá vender su parte o transmitirla a sus herederos. En caso de venta, la Generalitat tendrá derecho preferente a recomprar la parte privada y mantener el alojamiento en el parque protegido. Al finalizar el plazo previsto por el sistema, el inmueble deberá pasar a formar parte del parque público de vivienda.

Si bien los precios inmobiliarios y los alquileres siguen siendo el centro de las preocupaciones en Cataluña, el presidente catalán Salvador Illa aprovechó las preguntas al gobierno este martes 29 de septiembre para presentar un nuevo paquete de medidas. Objetivo declarado: permitir que más hogares accedan a la vivienda fortaleciendo al mismo tiempo el parque público de vivienda.

Hasta 50.000 euros sin interés para menores de 40 años

Para los más jóvenes, la Generalitat apuesta por otro mecanismo: los préstamos de emancipación. Ya lanzado en Cataluña, el sistema debe ampliarse. Está dirigido a personas de 18 a 40 años que deseen comprar su primera vivienda. El préstamo puede alcanzar los 50.000 euros y financiar hasta el 20% de determinadas operaciones para adquirir vivienda protegida. También se puede utilizar para financiar hasta el 20% de las obras de renovación necesarias para hacer habitable una vivienda. Característica importante: el préstamo lo concede el Institut Català de Finances al 0% de interés y sin comisión.

Su amortización sólo comienza una vez que el préstamo inmobiliario principal se ha reembolsado en su totalidad. El comprador dispone entonces de cinco años para devolver el importe adelantado por la Generalitat. El mecanismo apunta en particular a un problema que se ha vuelto clásico entre los trabajadores jóvenes: tener ingresos suficientes para cubrir el pago mensual de un préstamo, pero no tener los ahorros necesarios para financiar la contribución solicitada por el banco.

25 millones de euros para evitar determinados desahucios

La tercera medida se refiere a personas que ya se han instalado en sus viviendas pero que están amenazadas de desalojo. La Generalitat creará un Fondo de Emergencia para la Vivienda con un importe inicial de 25 millones de euros. Su funcionamiento es relativamente sencillo: en determinadas situaciones de gran vulnerabilidad, la administración podrá adquirir directamente la vivienda en cuestión para evitar que la familia que la ocupa sea desalojada. La Generalitat pasaría entonces a ser propietaria del inmueble y la familia podría seguir viviendo allí pagando un alquiler adaptado a su situación.

El sistema recuerda la intervención pública llevada a cabo en determinados casos emblemáticos en Barcelona, ​​pero el gobierno catalán quiere ahora disponer de un fondo específico que permita reproducir este tipo de operaciones. En su financiación también podrán participar autoridades locales, bancos e incluso compañías de seguros.

Miles de nuevas viviendas previstas en Cataluña

Estos anuncios se suman al amplio plan puesto en marcha por la Generalitat para incrementar el número de vivienda asequible en Cataluña. El “Plan 50.000” tiene como objetivo crear 50.000 viviendas accesibles de aquí a 2030, principalmente en forma de viviendas tuteladas y alquileres asequibles. La Generalitat prevé dedicar a ello alrededor de 1.100 millones de euros al año.

Según el informe presentado este martes por el president Salvador Illa, ya se han terminado unas 5.000 viviendas desde el lanzamiento de esta política y se han adquirido unas 4.300 viviendas existentes para incorporarlas al parque de la Generalitat. El terreno propuesto por los municipios debería permitir la construcción de unas 17.000 viviendas adicionales, de las cuales un primer conjunto de unas 1.900 ya ha sido asignado o está en construcción.

Así, el gobierno intenta utilizar varias palancas simultáneamente: construir más viviendas protegidas, facilitar la compra de una residencia principal e intervenir cuando las familias corren el riesgo de perder su vivienda.

Para los particulares, los nuevos anuncios no significan, por tanto, que el ejecutivo financiará automáticamente la mitad de un apartamento. Aún será necesario detallar las condiciones precisas de acceso a los nuevos dispositivos. Pero el principio marca un cambio notable: para ciertos compradores que tienen ingresos pero no suficiente capacidad de endeudamiento, la administración catalana pronto podría convertirse en su copropietaria.

Por tanto, parece que las autoridades públicas se están tomando las cosas en serio tras el asunto Maricarmen. Esta madrileña de 87 años desalojada el pasado miércoles de la vivienda en la que vivía desde hacía 70 años. Tras la compra de su edificio por un fondo de inversión en 2018, su alquiler se multiplicó por 5. Su historia conmovió a España, y miles de manifestantes salieron espontáneamente a las calles de todo el país para gritar su hartazgo por la excesiva inflación de los precios de los alquileres.

En 10 años, los precios han aumentado un 40% en España. Casi se duplicaron en Madrid y Barcelona.