Ceuta: para proteger a 500 jóvenes inmigrantes, España opta por desafiar a Europa
Ante los riesgos de violación y agresión sexual, España permitirá que 500 jóvenes inmigrantes en situación precaria abandonen Ceuta para establecerse en las regiones españolas. Madrid ha decidido desobedecer a la Unión Europea, que exige expulsiones a Marruecos.
La crisis no ha terminado en absoluto en el enclave español de Ceuta, donde la justicia se enfrenta a una ola de violaciones y agresiones sexuales sin precedentes. Lo más impactante es la edad de las víctimas. Una menor marroquí de 14 años fue violada por dos de sus conciudadanos en situación irregular, puestas en prisión preventiva tras los hechos, y una niña de sólo 10 años también fue agredida sexualmente.
Las autoridades han confirmado una quincena de denuncias de violación, pero según la ONG Unicef España las cifras están muy por debajo de la realidad sobre el terreno. Como tanto los autores como las víctimas se encuentran en situación irregular, muchos ataques no dan lugar a denuncias oficiales. La prensa española menciona a jóvenes que, en situaciones clandestinas, permanecen escondidas bajo vehículos policiales, encontrando así una forma de relativa seguridad frente a múltiples depredadores sexuales.
Los juzgados de Ceuta están desbordados. El Consejo de la Magistratura pidió al gobierno, sin éxito por el momento, que envíe magistrados adicionales especializados en violencia contra las mujeres para juzgar a los autores de crímenes y delitos en comparecencias inmediatas.
Prueba de la urgencia del momento, el Ministerio de la Infancia y la Juventud está a punto de publicar un decreto para que 500 jóvenes en situación de extrema precariedad puedan abandonar el enclave lo antes posible para ser realojadas en hogares que acojan a menores no acompañados en la península.
Europa teme una crisis
En este sentido, el Gobierno utilizará la ley de extranjería que obliga a las regiones españolas a acoger a estos jóvenes potenciales víctimas.
Un texto que, sin embargo, provoca la ira de la derecha y la extrema derecha, que exigen que se pronuncien las expulsiones a Marruecos y que se aplique la famosa directiva de retorno votada por el Parlamento Europeo. Europa, que precisamente da la razón a los conservadores, insta a España a no permitir que inmigrantes ilegales se establezcan en el territorio fuera del enclave de Ceuta. El temor de países como Italia o Francia es ver a personas en situación ilegal cruzar la frontera para establecerse en alguno de los países vecinos de España.
El Gobierno socialista de Pedro Sánchez asume sus responsabilidades y opta por dar la espalda a Bruselas preservando la seguridad de estos jóvenes menores, sin entrar en un enfrentamiento con Marruecos pronunciando expulsiones masivas.
Por ahora, todavía hay entre 6.000 y 11.000 personas en situación ilegal durmiendo en las calles o en las playas de Ceuta. Los afortunados están en los hangares.
