Batalla para salvar la cruz gigante de Franco en Madrid
La cruz gigante erigida en el Valle de los Caídos (Madrid) por el dictador Franco es objeto de una nueva secuencia de tensiones entre la derecha y el gobierno español.
Con 150 metros de altura y 200.000 toneladas de peso, la cruz erigida a 50 kilómetros de Madrid en la basílica del Valle de los Caídos es el monumento fascista más grande de Europa. El dictador Franco hizo construir este complejo durante su vida para servir de mausoleo y preservar la memoria de su régimen a través del tiempo.
El Gobierno socialista llevó a cabo un acto contundente al retirar los restos del General del Valle de los Caídos para colocarlos en un cementerio privado de la familia Franco en 2019.
Un gesto fuertemente criticado por los círculos de derecha y conservadores que vieron una puesta en escena electoral y un resurgimiento de las divisiones en la sociedad.
Un decreto vinculado a la reforma de la ley de memoria histórica será dictado en las próximas semanas por el gobierno socialista y esta vez pretende atacar la propia basílica en el lugar. El Valle de los Caídos ya no será un lugar de glorificación del franquismo, sino un lugar de la memoria democrática cuya redefinición tendrá como objetivo dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción.
Los historiadores, clasificados en la izquierda, sostienen en sus investigaciones que la basílica faraónica fue construida por trabajadores republicanos casi sometidos a esclavitud. Una tesis que los historiadores conservadores refutan.
La Comunidad de Madrid quiere preservar los lugares
La presidenta de la Comunidad de Madrid, la muy conservadora Isabel Díaz Ayuso, entiende que el Gobierno quiere quitar el cerrojo de la cruz. Lo cual, al menos por el momento, no entra en los planes del gobierno. La Comunidad de Madrid recurrirá a la ley de Patrimonio Cultural para proteger la cruz. Dicha ley permite clasificar losArquitectura religiosa, incluidos objetos decorativos y bienes muebles.
Por ello, la Comunidad de Madrid publicará un decreto específico para proteger la cruz del Valle de los Caídos. La derecha de Isabel Ayuso, que sólo cuenta con una mayoría relativa, necesitará el refuerzo de los asesores regionales de Vox, catalogados de extrema derecha.
El conflicto político en torno al Valle de los Caídos también está escrito en otro capítulo: el de la “fundación de Santa Cruz”. Una hermandad benedictina que vela por el lugar desde 1957 gracias a un decreto publicado por el propio general Franco.
Esta comunidad religiosa es calificada de fascista por el gobierno español, que acusa a los benedictinos de organizar misas en memoria de Franco. Los interesados lo niegan y afirman rezar cada día por los muertos de la guerra civil, tanto franquistas como republicanos. La comunidad religiosa, que se ve privada desde 2019 de sus 340.000 euros anuales para mantener en buen estado el lugar, pide que los muertos descansen en paz.
El asunto es espinoso para el gobierno porque el Vaticano sigue siendo un socio privilegiado de España, antigua potencia católica, y el ejecutivo quiere actuar con suavidad. La vicepresidenta neocomunista Yolanda Díaz viajó personalmente a Roma hace unas semanas para recibir la bendición del Papa Francisco. Por tanto, no se trata de expulsar a una congregación religiosa para convertir la basílica en un lugar secular.
El ejecutivo estudia la posibilidad de delegar la gestión del lugar en el arzobispado de Madrid. El cardenal Carlos Osoro designaría una figura que podría ser la de un capellán o un sacerdote para ofrecer culto dentro de la basílica.
Si el Valle de los Caídos es un lugar de peregrinación para los nostálgicos del régimen y para el turismo histórico, el lugar ha perdido su atractivo desde la exhumación del cuerpo de Franco. De los 378.875 visitantes de 2018, en 2022 solo quedarán 152.481. Una caída del 60%.