La conversación

Juicio por las violaciones de Mazan y “La Manada”: el consentimiento visto por Francia y España

A ambos lados de los Pirineos, dos casos de alto perfil han suscitado recientemente debates sobre la necesidad de repensar la definición legal de violación. Si bien en España ya se han producido cambios, este aún no es el caso en Francia, donde hoy se conocerá el veredicto en el caso Mazan.

Por Sabrina Grillo,

El auge de los movimientos feministas y el impacto del movimiento #MeToo han reavivado los debates en torno al consentimiento. En este contexto, ciertos casos de violencia sexual se han convertido en catalizadores de la lucha por los derechos de las mujeres así como por una justicia más sensible a las realidades de las víctimas.

Dos casos emblemáticos han marcado así la actualidad reciente. En España, el de La Manada (en francés “la Meute”), cuyo resultado jurídico llevó al país a incluir la noción de consentimiento en su legislación contra la violación; y en Francia, el juicio por violación de Mazan plantea cuestiones similares, en particular sobre la integración de la noción de consentimiento en el código penal.

¿Qué revelan estos dos casos –que han despertado gran emoción en la opinión pública a ambos lados de los Pirineos– sobre las respuestas judiciales y sociales a la violencia sexual en Francia y España?

Cuestiones de poder y dominación

Las violencias sexuales, ocultas durante mucho tiempo, se convirtieron gradualmente en temas de interés público a partir de los años 1970. En su obra, el sociólogo Pierre Bourdieu destaca que la dominación masculina se basaba en una doble forma de violencia ejercida sobre las mujeres: física y simbólica, imponiéndose normas patriarcales. privado como el dominio público.

Si bien este equilibrio desigual de poder impone límites a las mujeres tanto en su privacidad como en la sociedad, la cuestión del consentimiento se extendió rápidamente al debate público, como recuerda en su ensayo la filósofa e historiadora del pensamiento feminista Geneviève Fraisse. El movimiento #MeToo, lanzado en 2017, aceleró una forma de empoderamiento femenino, así como la liberación o, más bien, la denuncia de las víctimas de la violencia de género.

En España, este movimiento de liberación creció en las redes sociales, en particular a través del hashtag “Cuéntalo”, que acompañó miles de testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual. Esto último cobró especialmente fuerza tras el shock que supuso el asunto La Manada en 2016: cinco hombres fueron detenidos por la violación en grupo de una joven de 18 años durante las celebraciones de San Fermín en Pamplona, ​​una violación que habían filmado.

El primer veredicto conmocionó a la opinión pública: los hechos fueron calificados inicialmente de «abuso sexual» y no de «violación», considerando el tribunal que la violencia y la intimidación, elementos necesarios para que una agresión sexual sea calificada de violación, no habían sido demostradas. Esta sentencia, ampliamente vista como una señal de la incapacidad del sistema judicial español para proteger a las víctimas, provocó movilizaciones masivas.

En 2019, el Tribunal Supremo español finalmente reclasificó los hechos como violación, lo que dio lugar a reformas legislativas decisivas con la aprobación de la ley conocida como “Solo sí es sí”. Ahora una persona puede ser condenada por violencia sexual incluso si no hubo amenaza o violencia en sentido estricto, siempre que no se haya formulado explícitamente el consentimiento.

En Francia, los movimientos #MeToo y #BalanceTonPorc estuvieron acompañados de numerosos discursos, tanto de personas anónimas como de personalidades del mundo mediático y artístico, en particular Judith Godrèche y Andréa Bescond. Además, la globalización del #MeToo, que ha trascendido fronteras culturales y geográficas, ha puesto de relieve la universalidad de la violencia sexual y ha abierto un diálogo internacional sobre la necesidad de cambios estructurales.

Sin embargo, el artículo 222-223 del Código Penal francés todavía define la violación sin referencia explícita al consentimiento, basándose únicamente en las nociones de coerción, amenaza, violencia o sorpresa. Una definición puesta en entredicho a medida que la judicialización del tratamiento de la violencia sexual vuelve con fuerza a los debates.

El asunto de las violaciones de Mazan, publicitado internacionalmente, va más allá del ámbito del proceso de los cincuenta violadores de Gisèle Pélicot. Si bien la mayoría de los acusados ​​afirman que no se demostró la falta de consentimiento de la víctima, el juicio se convirtió también en el juicio de la cultura de la violación, como lo demostraron los debates en la Asamblea Nacional.

Necesidad de una pedagogía del consentimiento

Para ciertos profesionales del Derecho, la introducción de la noción de consentimiento en el derecho provocaría un cambio de subjetividad que modificaría la carga de la prueba, colocando al acusado en la obligación de demostrar el acuerdo de la víctima. Debates que en España se ven como indicios del persistente peso de la cultura de la violación en la justicia francesa, cultura que explicaría por qué, hasta la fecha, la mayoría de las víctimas no presentan denuncia.

Para superar este bloqueo, España ha realizado una considerable labor educativa en sus instituciones, ya sean educativas, policiales, administrativas o judiciales. En Francia, los gendarmes y los agentes de policía deben seguir una formación para recoger las palabras de las víctimas; pero no son obligatorios y actualmente no existe ningún juzgado especializado en violencia de género, aunque desde enero de 2024 se han empezado a crear “centros especializados”.

En todo el Pirineo existen desde hace casi veinte años juzgados especializados en violencia de género (denominados “Juzgados de Violencia sobre la Mujer” en la Ley Orgánica 1/2004). España es particularmente activa en la enseñanza sobre la percepción de formas trivializadas de violencia. Sobre todo porque hoy en día una proporción importante de jóvenes dice no saber identificarlos.

Asimismo, en 2021, la exministra de Igualdad Irene Montero lanzó la iniciativa “Punto Violeta”, que consiste en difundir herramientas preventivas y de alerta a la población con el fin de involucrar a hombres y mujeres, de todas las generaciones, para promover la conciencia colectiva de la realidad. de formas de violencia sexista y sexual.

Cobertura mediática y avances legislativos

El asunto La Manada generó una ola de manifestaciones en las que se corearon consignas como “Yo sí te creo”, apoyadas por una fuerte movilización de movimientos juveniles y feministas que denunciaron un sistema judicial considerado patriarcal y arcaico.

En Francia, las manifestaciones en apoyo de Gisèle Pélicot contribuyen a romper los patrones sociales de silencio que rodean esta violencia, desplazando la frontera entre las esferas pública y privada que durante mucho tiempo ha permitido ocultar diversos abusos.

Gisèle Pélicot, al expresar, desde el inicio del juicio, su deseo de hacer pública la audiencia, se compromete contra la invisibilidad de los abusos en el espacio privado, del mismo modo que hace casi cuarenta y seis años, durante los famosos. En el juicio de Aix-en-Provence en 1978, las dos denunciantes, con el apoyo de su abogada Gisèle Halimi, se negaron a permanecer a puerta cerrada para situar la violación en el primer plano de la cuestión. el escenario mediático.

En su momento, el caso dio lugar a una revisión de la ley con la introducción, en 1980, de una definición precisa del delito de violación. Sin embargo, el Código Penal todavía en vigor parece imponer una doble pena a la víctima, que debe demostrar que el acusado utilizó efectivamente uno o más medios de coerción e intimidación durante la violación.

A pesar del Convenio de Estambul –ratificado por Francia– que recomienda integrar la noción de consentimiento en la definición legal de violación, el gobierno francés ha mostrado sus reservas sobre la cuestión en 2022. Emmanuel Macron se opuso entonces a un proyecto de ley destinado a dar una definición de violación basado en la falta de consentimiento.

La ley española también revivió los debates porque eliminó la distinción tradicional entre abuso sexual (sin violencia ni intimidación) y agresión sexual (con violencia). En términos más generales, representó un cambio de paradigma con respecto a la percepción de los cuerpos de las mujeres y la noción de consentimiento. Al exigir el consentimiento explícito, esta ley rechaza la idea de una presunta disponibilidad de los cuerpos de las mujeres y cuestiona cualquier interpretación del silencio como manifestación implícita del consentimiento.

En Francia, el juicio por violación de Mazan parece cambiar la situación. En septiembre pasado, el gobierno de Macron declaró que ya no se oponía, ni siquiera estaba a favor de la inclusión explícita de la noción de consentimiento en el Código Penal. ¿Está a punto de recuperarse el retraso que sufre España en este ámbito?


Sabrina Grillo, profesora de civilización española contemporánea,

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Este artículo se vuelve a publicar desde The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lea el artículo original.