photo cc flickr El número de llegadas ilegales a las Islas Canarias ha aumentado desde el año pasado y se ha acelerado nuevamente durante la última semana, poniendo en alerta a todos los líderes políticos españoles. El jefe de Gobierno ha convertido la vuelta al cole en su prioridad. Hoy hace justo 30 años que la primera pátera (nombre que recibían las embarcaciones improvisadas utilizadas por los migrantes) atracó en Canarias, un archipiélago español situado a un centenar de kilómetros de la costa africana. Sin saberlo, dos jóvenes saharauis inauguraron el 28 de agosto de 1994 la que se convertiría en una de las rutas migratorias más transitadas del mundo, pero también una de las más mortíferas. Desde entonces, cerca de 230.000 inmigrantes han desembarcado en Canarias, la mitad de ellos en los últimos cinco años. Para los más afortunados entre ellos. Miles más han perecido en el mar, sacudidos por violentas olas en modestas embarcaciones sobrecargadas. Una crisis que nada parece poder frenar, sino todo lo contrario, con un incremento del 66% respecto al año pasado. El archipiélago es el destino de ruta marítima de mayor crecimiento en 2024, según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) que, en su último informe, señala un cambio en los flujos migratorios. Desde principios de año, los cruces ilegales hacia Italia se han interrumpido un 65%, mientras que las llegadas a las costas canarias han aumentado un 115%. Pero, sobre todo, las islas españolas han observado una aceleración alarmante desde la semana pasada, tras el endurecimiento del conflicto maliense. Casi 800 inmigrantes llegaron la semana pasada, incluidos muchos menores. Negociaciones con los países de origen El gobierno regional de Canarias está desbordado y las demás regiones españolas, que luego deben acoger a los inmigrantes según un sistema de distribución nacional justo, están preocupadas. Recién regresado de vacaciones, Pedro Sánchez partió ayer para reunirse con las autoridades de Gambia, Mauritania y Senegal, principales países de origen de inmigrantes ilegales. Objetivo: encontrar acuerdos, si no diplomáticos al menos financieros, que les animen a impedir las salidas. Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hace un llamamiento a la Unión Europea

Migrantes regularizados: ¿fantasía o realidad del reclutamiento? Lo que dicen los números

La gestión de la inmigración irregular es uno de los desafíos más controvertidos de la agenda política actual. España ha vuelto a colocar esta cuestión en el centro del tablero con el anuncio la semana pasada de un nuevo programa de regularización temporal.

Estos programas generalmente apuntan a compensar la ausencia de marcos legales permanentes para la regularización. Aunque España ya cuenta con mecanismos ordinarios –vía “arraigo”– desde la reforma de 2025, el nuevo programa se concibe como una herramienta extraordinaria para acelerar la integración profesional en sectores que enfrentan una escasez crítica de mano de obra.

Sin embargo, cada vez que un gobierno decide otorgar estatus legal a personas que ya viven y trabajan en su territorio, surge la misma pregunta: ¿genera esto un efecto atracción?

El argumento es generalmente simple: si regularizamos hoy, animamos a más personas a cruzar las fronteras mañana, con la esperanza de obtener documentos en el futuro. Ante este miedo, muchos Estados optan por la parálisis, la expulsión o la “tolerancia informal”, una zona gris en la que miles de personas viven sin derechos, pero plenamente integradas en la economía.

Para arrojar luz sobre este debate, analizamos datos históricos que cubren ocho décadas de políticas migratorias en 38 países de la OCDE.

Una base de datos sin precedentes

Hasta ahora, la evidencia científica sobre el efecto de llamada no ha sido concluyente. La mayoría de los estudios se centraron en un solo país o en un programa específico (como la famosa amnistía de Ronald Reagan en Estados Unidos en 1986), lo que impidió extraer lecciones globales.

Para superar este límite, utilizamos la base de datos RegMig, que enumera 159 programas de regularización desde 1945 hasta 2024, revelando una cifra sorprendente: al menos 17,8 millones de personas se han beneficiado de estas medidas en el mundo desarrollado.

En esta perspectiva histórica, analizamos los flujos migratorios desde 196 países de origen hacia 32 países de destino de la OCDE entre 1996 y 2022.

Programas de regularización implementados en países de la OCDE. Periodo de estudios: 1995-2024. Base de datos RegMig.

Existe, pero con matices.

Nuestra investigación confirma que, en términos generales, los programas de regularización pueden actuar como un factor de atracción. Según los datos analizados, tras la implementación de un programa, los flujos migratorios futuros hacia ese país aumentan.

Sin embargo, este aumento no se produce de forma aleatoria ni uniforme. El análisis muestra que el principal impulsor de este aumento no es sólo la promesa de los periódicos, sino también la fortaleza de las redes sociales y familiares. El “efecto atracción” es significativamente mayor en países que ya tienen una comunidad de inmigrantes establecida del mismo país de origen.

Esto confirma la “hipótesis de la difusión”: la información sobre nuevas oportunidades legales circula a través de familiares y amigos, lo que reduce los costos y los riesgos percibidos de los viajes.

La clave está en el diseño del programa.

La conclusión más relevante para los responsables de las políticas no es que se deba evitar la regularización, sino que su impacto depende de cómo se diseña el programa. Uno de los mayores temores de los gobiernos es que la regularización parezca “fácil” o inmediata.

En nuestro estudio analizamos una variable crucial: el requisito de residencia previa. Normalmente, los programas exigen que el inmigrante demuestre haber vivido irregularmente en el país durante un período de tiempo específico antes de poder solicitar la legalización.

Los resultados son reveladores:

  • La exigencia de un periodo previo de residencia actúa como un potente freno.
  • Nuestros modelos indican que un requisito de al menos ocho meses de residencia irregular previa es suficiente para neutralizar completamente el efecto llamada.

En otras palabras, cuando el camino hacia la legalidad implica espera y el riesgo de vivir en la sombra durante casi un año, el incentivo para migrar exclusivamente por el programa desaparece.

Una realidad controlable

El dilema de la regularización no es blanco ni negro. Si bien es cierto que estas medidas pueden incrementar los flujos migratorios a través de redes de contactos, el estudio demuestra que los gobiernos cuentan con herramientas técnicas para mitigar las consecuencias.

La regularización no es sólo una cuestión de control fronterizo; es una herramienta de gestión social y económica. Ignorar la presencia de miles de indocumentados tiene un coste en términos de derechos humanos, ingresos fiscales y cohesión social.

Los datos de los últimos 80 años muestran que el efecto atracción es una realidad controlable. Si las políticas se diseñan con criterios de residencia previa suficientemente prolongada, es posible integrar a las personas ya presentes sin fomentar flujos futuros.

En el complejo equilibrio de la política migratoria, la evidencia sugiere que el rigor de los criterios puede ser el mejor aliado de la generosidad en la recepción.

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Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.