España: más de un millón de solicitudes de regularización de inmigrantes indocumentados
Hoy finaliza el plazo para presentar solicitudes dentro de la regularización masiva anunciada por el gobierno español. Si bien el ejecutivo esperaba 500.000 solicitudes, habrían superado el millón.
Fue una locura sin precedentes. Desde finales de enero y el anuncio de la regularización acelerada de los inmigrantes indocumentados, las oficinas autorizadas para expedir los documentos necesarios apenas han visto disminuir sus colas. Muchos llegaron de madrugada, otros regresaron varios días seguidos. La afluencia fue tal que se requisó a la policía para mantener a raya a la multitud y los funcionarios pidieron refuerzos para atender todas las solicitudes. Ya a mediados de junio, el gobierno anunció que había recibido 900.000 solicitudes. Habrían superado los 1,2 millones según la plataforma que recibe los archivos.
Sin embargo, las autoridades matizan esta cifra. Es posible que algunas de estas solicitudes se hayan realizado varias veces para la misma persona, mientras que otras no cumplirán todos los criterios. Para acceder a este sistema, los extranjeros en situación irregular deberán acreditar al menos 5 meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales. La simple presentación del expediente ya permite trabajar legalmente, a la espera de la respuesta de la administración que deberá llegar en un plazo de tres meses. Las personas elegibles obtendrán entonces un permiso de residencia de un año, renovable.
¿Por qué tal regularización?
Si el procedimiento parece excepcional, no es realmente nuevo en España: se trata de la sexta regularización masiva de inmigrantes indocumentados desde 1986. En total, poco más de un millón de personas han recibido un permiso de residencia por este medio, la mitad de ellas durante la última operación lanzada por el socialista José Luis Zapatero en 2005. Sin embargo, el sistema de 2026 no tiene precedentes en su escala, ya que podría, por sí solo, superar el total de todas las demás regularizaciones.
El actual ejecutivo explica que ve un doble beneficio: una mejora de las condiciones de vida de los inmigrantes y seguridad jurídica para los empleadores. Porque la demanda proviene sobre todo de sectores económicos. En la agricultura, la restauración y la construcción, las organizaciones profesionales denuncian desde hace tiempo la brecha entre las necesidades de mano de obra y la imposibilidad de emplear a trabajadores ya presentes en el territorio, pero sin papeles. Algunas empresas los contratan ilegalmente, lo que presenta un riesgo para el empleador, una pérdida de ingresos para el Estado e inseguridad contractual para el empleado. Por lo tanto, regularizar a cientos de miles de inmigrantes significa, ante todo, apoyar el crecimiento para el gobierno.
Pero, por supuesto, el beneficio también es político. El presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, debilitado por los casos de corrupción que afectan a su entorno, debe dar garantías a la izquierda radical, socia de su coalición. Misión cumplida: para la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, esta medida es .
