¿En qué consiste este nuevo caso judicial que está sacudiendo al Partido Socialista Español?
Nuevo golpe para el gobierno español. Agentes de la Unidad Anticorrupción de la Guardia Civil (UCO) pasaron ayer casi doce horas en la sede nacional del Partido Socialista Español (PSOE), en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una amplia investigación judicial sobre una supuesta organización interna, destinada a frenar un bochornoso proceso judicial para el entorno de Pedro Sánchez.
Este asunto se produce apenas una semana después de que se imputara al ex jefe de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en otro caso delicado, lo que acentuó aún más la presión política en torno al PSOE. Esta vez, ya no se trata sólo de un exlíder o de algunos cercanos al partido, sino directamente de la propia estructura del PSOE.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sospecha de la existencia de una organización destinada a «desestabilizar sistemática y continuamente» cualquier investigación judicial o policial que pueda afectar a los intereses del Gobierno o del Partido Socialista. En su auto, el magistrado menciona una estructura que habría utilizado los medios del PSOE para financiar operaciones clandestinas dirigidas en particular a jueces, fiscales, policías o testigos implicados en casos delicados relacionados con el entorno de Pedro Sánchez.
Leire Díez, “la fontanera” del PSOE
En el centro del caso está Leire Díez, una ex activista socialista apodada “la fontanera” por la prensa española por su supuesta capacidad para gestionar discretamente las crisis internas.
Según los investigadores, ella desempeñó un papel central en esta organización. La Justicia sospecha que le pagaron a través de diversas empresas intermediarias para evitar cualquier trazabilidad directa con el PSOE. El juez detalla varios supuestos mecanismos de pago. Primero a través de la empresa Zaño Consultora del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, que supuestamente le pagó unos 4.000 euros mensuales durante varios meses. Luego a través de empresas vinculadas al abogado Ismael Oliver, por las que habrían pasado más de 27.000 euros.
Los investigadores creen que estos pagos se utilizaron para financiar actuaciones destinadas a desacreditar o influir en determinados procesos judiciales que afectan en particular a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, o incluso casos vinculados al PSOE.
39 reuniones secretas y una célula organizada
La investigación también revela la existencia de al menos 39 reuniones entre Leire Díez y varios funcionarios o familiares del PSOE entre abril de 2024 y mayo de 2025, 22 de ellas organizadas directamente en la sede nacional del partido en Madrid.
El juez considera incluso que una reunión organizada el 26 de abril de 2024 en la sede del PSOE constituye un «punto de inflexión» en el caso. A partir de ese momento, los protagonistas habrían comenzado a coordinar diferentes acciones para intentar neutralizar determinadas investigaciones en curso.
Las investigaciones mencionan en particular intentos de obtener información confidencial sobre magistrados o agentes de policía, ofertas de dinero a testigos, estrategias de descrédito de los fiscales anticorrupción, promesas de cargos o ventajas profesionales, intentos de influir en determinadas decisiones judiciales.
Entre los elementos más sensibles del expediente se encuentra un presunto plan para pagar 50.000 euros a una testigo para que cambie su testimonio sobre supuestos envíos de dinero a la sede del PSOE. El expediente también menciona una nota manuscrita que menciona “300.000 euros para ayudar a un fiscal”.
Agentes de la Guardia Civil exigieron ayer el acceso a los correos electrónicos internos de varios responsables del partido, a los libros de contabilidad de 2024 y 2025, a los sistemas de validación de gastos así como al registro de visitas a la sede socialista.
Un gobierno en apuros
Por su parte, Pedro Sánchez sigue mostrando una línea defensiva muy firme. Desde el Vaticano, donde se reunió con el Papa León XIV, el presidente del Gobierno aseguró que el PSOE colaborará plenamente con la justicia, afirmó.
El jefe de Gobierno también repite que desea continuar hasta el final normal de la legislatura, previsto para 2027.
Pero políticamente, la presión es cada vez más fuerte. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, convocó inmediatamente elecciones anticipadas denunciando un gobierno y un gobierno
Incluso algunos aliados parlamentarios del PSOE empiezan a distanciarse. La líder de Podemos, Ione Belarra, reconoció que la legislatura se presentaba ahora, aunque se negó por el momento a apoyar una moción de censura de la derecha.
