Transporte en Barcelona: los abonos se quedan a mitad de precio, pero los billetes aumentan
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Por cuarto año consecutivo, los abonos T-habitual y T-jove mantendrán el 50% de descuento. Pero está previsto un aumento moderado de los precios.
Se trata de un alivio para los usuarios del transporte público: el consejo de administración de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) se prepara para aprobar la renovación en 2026 de las reducciones del 50% en los principales billetes de transporte. Esta decisión, condicionada a la participación financiera del Estado español, mantiene una medida emblemática puesta en marcha desde 2022 para hacer frente al aumento de los precios de los combustibles y fomentar la movilidad sostenible.
Los abonos más utilizados, T-usual y T-jove, quedarán así a mitad de precio, incluso en sus versiones sociales para familias numerosas, familias monoparentales y desempleados. Una medida bien recibida por la izquierda catalana, que había presionado para evitar un retorno a los precios plenos. El coste para las administraciones implicadas ascenderá a más de 110 millones de euros.
Incremento del 3 al 10% dependiendo de las entradas
Sin embargo, esta renovación no supone una congelación de precios. Los precios aumentarán una media del 3,5% a partir del 1 de enero, en línea con la inflación. Un aumento juzgado por la ATM para garantizar la calidad del servicio en un contexto de costes operativos crecientes. Los ajustes se diferenciarán según zonas y títulos, con especial atención a los usuarios de las zonas más remotas. El precio del billete sencillo es el que mayor incremento está experimentando y pasará de 2,65€ a 2,90€.
Esta medida se produce en un contexto nacional de movilización a favor del transporte público. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes la creación de un suscripción única a 60 € al mes a partir de enero de 2026, permitiendo viajes ilimitados en trenes de cercanías (Rodalies/Cercanías), trenes regionales (Media Distancia) y autobuses públicos.
Para el presidente catalán, Salvador Illa, que recientemente pidió que se inviertan más de 700 millones de euros en estas reducciones desde 2022, el equilibrio encontrado permite preservar la accesibilidad de la red controlando el gasto público.
Precios de 2026, con la reducción del 50% cubierta por el Estado y la región

